La Participación Ciudadana en la Gestión Pública es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como de la comunidad y pueblos indígenas.

En el marco de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, se reconoce a las ciudadanas y ciudadanos el derecho de participación ciudadana en la gestión pública, la que viene a constituir un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia y la construcción de ciudadanía, como asimismo permite a los ciudadanos y ciudadanas, en su calidad de individuos o como miembros de organizaciones de tipo asociativas, de influir en el diseño, toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas.

Los mecanismos e instrumentos legales que fortalecen el derecho de asociación y la participación en la gestión pública del Ministerio de Relaciones Exteriores son:

 

 

 

 

En este marco se desenvuelven y se rigen en materia de Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, el Instituto Antártico Chileno y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile.